Carlos Borgna. Todos aquellos que discuten el sueldo de un docente en la Provincia de Santa Fe, enfrascándose en un ida y vuelta sobre cuales son los pisos o techos mas justos cometen un error de percepción y desconocen a fondo, el contexto histórico inmediato y, por sobre todas las cosas, el proceso político vivido en los últimos años.
En primer lugar no se puede discutir el sueldo de los docentes sin verlo en el marco de los trabajadores del Estado; es decir: UPCN, ATE, Municipales y los propios trabajadores de la Educación; pues en los hechos, las decisiones que se adoptan en paritarias o los aumentos que se acuerdan con unos, repercuten cuasi directamente en los otros.
Es sabido que, funcionarios del Gobierno Provincial han convocado, en las primeras semanas del año, a sindicalistas, legisladores de la oposición, y dirigentes políticos para expresarles su preocupación por el estado de las finanzas provinciales y por la necesidad de realizar una reforma tributaria; en un marco institucional donde el peronismo (con sus distintas vertientes) controla la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Sin embargo esta situación no es nueva. Desde distintos sectores se viene advirtiendo de esta realidad;pero el socialismo en el poder prefirió durante el conflicto con las patronales del campo, sostener políticamente la protesta de las cuatro entidades del agro y allí cerró su marco de alianzas. Después de ese momento, nadie imaginaba que desde el Ejecutivo provincial se propiciaran medidas que afectaran los márgenes de ganancia de los grandes grupos concentrados. Pero ahora, frente a la contundencia de los números en rojo, la actitud parece ser otra.
Veamos que decía el pasado 9 de febrero, en un comunicado de prensa, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) al respecto:
“Nosotros hemos manifestado hasta el cansancio que no queremos que los impuestos lo sigan pagando los mismos de siempre, reclamamos una participación activa del Estado Provincial para que tributen los grandes grupos económicos que operan en Santa Fe y que mantienen exenciones impositivas desde la década del 90”
La entidad gremial insiste en que el Poder Ejecutivo y la Legislatura examinen con responsabilidad institucional y justicia social todas las exenciones impositivas establecidas a los sectores de alta rentabilidad como exportadores, terminales portuarias, grandes industrias vinculadas a la actividad primaria y al sector financiero, entre otros, que se quedan con más de 2.900 millones de pesos. En este grupo hay más de 100 empresas multinacionales que operan en la Provincia sin pagar un solo peso de impuesto.
Por otra parte, se reclama que no se sigan ocultando los valores reales de las propiedades urbanas y rurales. La valoración fiscal debe ajustarse a una relación más efectiva con los valores del mercado. Mientras la
patente automotor se ajusta en relación al precio de las unidades, el Impuesto Inmobiliario se aumenta en porcentajes para ocultar el patrimonio efectivo de sus propietarios, fomentando la evasión a toda tributación vinculada con la riqueza.
“La irracionalidad tributaria queda expuesta con la siguiente comparación: un acoplado con 3 años de antigüedad que transporta la producción y cuyo costo es de $ 60.000 paga $600 de Patente anual, mientras que una hectárea que costando $ 97.000 sólo abona $ 100 pesos al año de Impuesto Inmobiliario. En tanto, un trabajador que percibe el Salario Mínimo Vital y Móvil pagará $ 6.300 anuales sólo por impuestos al consumo. No queremos aumento de impuestos, exigimos equidad tributaria en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.”
Como se ve la discusión sobre el monto del salario de un docente está enmarcado, por lo menos en la Provincia de Santa Fe, en un esquema mayor; que debe expresarse, como otros tantos temas pendientes, en un debate sobre la profundización del modelo.
Esta es la centralidad del problema y los intereses sociales, políticos y económicos en juego.
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