De Leonardi estuvo acompañado por dirigentes de su gremio y por la abogada Julia Vitar, quien se hará cargo de la causa en la provincia. Estela Maldonado, secretaria general de CTERA, no pudo llegar hasta la provincia por problemas con los vuelos.
Según la presentación que realizaron en el primer piso de los tribunales federales, los maestros Arancibia fueron víctimas de homicidio, “siendo los autores de este hecho miembros de las fuerzas de seguridad”. El hecho se produjo en la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), donde Isauro Arancibia tenía constituido su domicilio, y a la fecha de los hechos cumplía la función de secretario general de dicho gremio, siendo al mismo tiempo secretario adjunto primero de la CTERA, confederación de trabajadores de la cual fue uno de sus miembros fundadores.
“Siendo horas de la madrugada, Isauro Arancibia regresaba de una reunión con un grupo de docentes, y se encontró con su hermano en la sede de ATEP, en calle Congreso 295 (intersección calle Las Piedras) de esta ciudad. Esa noche, su hermano Arturo lo acompañaba, ya que al igual que el resto de su familia tenían fundadas razones para pensar que Isauro se encontraba en peligro por la situación de violencia que se vivía a partir del Operativo Independencia y la actuación de la Triple A en la provincia, y con mucha mayor razón con la noticia del golpe”, dice parte del informe presentado a Bejas.
Isauro Arancibia ya había recibido amenazas de parte de la Triple A. Una de ellas fue asentada por su hermana Amalia Arancibia, quien denunció el hecho ante la Comisión Bicameral (Legajo N° 19-A). La “sutil” amenaza de los genocidas decía: “Arancibia ya te advertimos una vez lobo disfrazado de oveja, estás sentenciado a muerte: serás ejecutado como todos los extremistas. Te damos la última oportunidad: debes desaparecer antes del 1 de marzo cuando terminemos en Córdoba. Se inicia la etapa final en Tucumán. ‘Adiós guerrillero’ A.A.A.”.
Según la letrada Vitar, el hecho producido el viernes en Tucumán es de suma importancia, porque “que sean las organizaciones sindicales quienes se presentan como querellantes en este tipo de causas habla del fuerte compromiso que tienen para con sus afiliados. Sabemos que el objetivo de los genocidas fue desarticular redes sociales sólidas como fueron los sindicatos durante la década del setenta. Romper el cerco de la dictadura es muy positivo para todos”, señaló a Tiempo Argentino. Además, resaltó la figura de Arancibia como dirigente sindical y social. “Fue una persona intachable, tuvo un fuerte compromiso con el pueblo y una formación política muy sólida, nunca transó con el poder y perdió su vida por eso.”
Ahora el juez Bejas deberá resolver si acepta o no el rol de querellante del sindicato nacional. De ser así, se reactivaría esta causa, por un delito aún impune y que tiene como principal responsable al genocida y represor Antonio Domingo Bussi.<
Fuente: Tiempo Argentino
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